3. Economía, sociedad, empleo. Por una transformación social y ecológica de la economía europea

La premisa neoliberal de que los mercados, también los financieros, se auto-regulan se ha demostrado falsa y su puesta en práctica perniciosa para la sociedad. Lo hemos podido comprobar con toda dureza con la crisis que padecemos y que se desencadenó, justamente, por un grave desequilibrio en el sector financiero global. Es una crisis, en principio financiera, tras la que, paradójicamente, no se han tomado medidas para regular ese sector, sino para impulsar políticas de recortes y de retroceso en derechos y logros sociales, laborales, y democráticos. Son políticas impropias de los valores que la UE dice representar y son políticas que no han mejorado, sino que han contribuido a empeorar la situación de emergencia social, con un 25% de las personas en la UE en riesgo de pobreza o exclusión social o 27 millones de personas desempleadas.

La creciente desigualdad entre personas y países es prueba de que, no solo hay un problema de escasez, sino de creciente brecha social entre personas ricas y pobres. Pero esta es una crisis que va más allá. Otros factores que han estado en su origen, como el encarecimiento del precio del petróleo, no son más que otra señal que nos avisa de que este modelo no es sostenible. Sólo la estrechez de miras y la influencia de los lobbies, centrados en defender los intereses de una minoría y en el aquí y ahora, puede explicar la incapacidad de ver en la crisis ecológica, una amenaza real y presente, en la que nos estamos adentrando.

La economía europea y la de sus Estados miembro no está al servicio de las personas ni del interés general y no asume la naturaleza finita de los recursos naturales. Por eso, es más urgente que nunca, iniciar la transición a un nuevo modelo. Los verdes europeos, y Equo entre ellos, defendemos un New Deal Verde, un nuevo acuerdo social y económico, que transforme el modelo productivo y de consumo. Se trata de un cambio basado en otro modelo productivo y social, que contiene una enorme capacidad de creación de empleos verdes y dignos, (entre 6 y 11 millones de empleos) y que pone el foco en el mantenimiento de nuestros derechos.

Es posible y necesario impulsar una reindustrialización de Europa, basada en la innovación, la formación, la sostenibilidad y la eficiencia y ahorro energéticos, progresando hacia sistemas de ciclo cerrado. Además de los sectores verdes, hemos de apostar por la economía de los cuidados y de la salud, con un marco que garantice una protección universal de la salud y una asistencia sanitaria de calidad. Todo ello, debe ser impulsado por un importante esfuerzo en inversión en I+D+i, con financiación proveniente de fuentes públicas y privadas.

En un escenario global crecientemente competitivo, la UE debe apostar por crecer de manera coordinada en ciencia e investigación y avanzar en tecnología de la información, al servicio de las personas. El otro enorme bien colectivo a proteger e impulsar, lo constituye el patrimonio y la diversidad cultural y lingüística europea. Existe un enorme potencial en la producción cultural transnacional en la UE, desde la pluralidad y riqueza y para la convergencia en modelos de difusión e intercambio.

Es posible financiar este gran cambio. El ahorro económico resultante de la apuesta decidida por el ahorro y la eficiencia energética y el sector de las energías renovables, estaría en torno a 200.000 millones de Euros (generando al tiempo 2,5 millones de nuevos empleos). Pero el New Deal Verde debe ir acompañado de una profunda reforma fiscal y de una batalla contra los paraísos fiscales, que facilitan la corrupción. Es necesario desarrollar una política fiscal propia de la Unión Europea, estableciendo impuestos propios. Hemos de trabajar hacia una armonización fiscal en toda la UE, que avance hacia una fiscalidad progresiva, justa y con incentivos a los sectores y actividades que queremos potenciar. Una fiscalidad que evite el dumping fiscal y con una mayor presión fiscal a patrimonio, renta y sectores contaminantes y menor al trabajo. Defenderemos la auditoría de la deuda, su análisis, re-estructuración y re-negociación. Al tiempo, tenemos que avanzar hacia la creación de instrumentos de deuda comunes con la garantía del BCE.

Por otra parte, es improrrogable el establecimiento de un Impuesto a las Transacciones Financieras internacionales, cuyos ingresos deberán estar destinados al fomento de la cooperación y a la economía productiva de carácter social y sostenible. El sector financiero debe ser reconducido, para que sea una pieza que ayude y no dificulte. Es necesaria una unión bancaria real y una regulación del Banco Central Europeo, que asegure su control democrático.

En este escenario desde la UE se debe producir un cambio, también en el modelo de empresas que articulen esta nueva economía de lo común, donde “las ganancias” no se miden únicamente por el beneficio económico.

Es intolerable que sea cada vez mayor el número de personas en riesgo de exclusión social. Hemos de garantizar una vida digna para todas las personas y trabajaremos para la introducción de la Renta Básica Universal (enmarcada en una profunda reforma fiscal y económica, coordinada en toda la UE). Entre tanto, hemos de garantizar una cobertura mínima y homogénea de protección social y armonización de salarios y condiciones laborales. No podemos aceptar que existan salarios mínimos, que no estén por encima del umbral relativo de pobreza en cada lugar y debemos reducir el intervalo entre los salarios más bajos y más altos. Las condiciones laborales para un empleo digno y la democratización del lugar de trabajo, deben adquirir una dimensión europea, de la mano del diálogo social.

Desde este planteamiento estas son, en más detalle, nuestras propuestas:

 

3.1 New Deal Verde[1]: Sectores y empleos verdes, sociales y decentes

3.1.1 El New Deal Verde es una respuesta alternativa, integral y transversal ante la crisis que plantea una transición hacia un modelo social y económico, que aporte bienestar y prosperidad, en el marco de unos recursos naturales limitados y cada vez más escasos. Acompañada de una reforma fiscal que afecte, en primer lugar a la economía financiera, el New DealVerde supone una transformación de la economía, con el desarrollo de sectores sostenibles y sociales: Energías renovables, rehabilitación de edificios y ahorro de energía, industrias verdes, agroecología y ganadería y pesca sostenibles, movilidad sostenible y diseño para todas las personas (para la accesibilidad), residuos y reciclaje, comercio local, banca ética, educación y formación, cuidados, cultura, ciencia y tecnología, turismo y ocio sostenibles...

3.1.2 Todo ello representa un nuevo modelo productivo, basado en una economía sostenible, de bajo carbono [2], justa, social y solidaria, al servicio de las personas y su bienestar y se debe concretar en medidas de inversión y de reformas legales, que pongan en marcha un plan estratégico para la creación de empleo verde. La capacidad generadora de empleos verdes en la Unión Europea de los sectores que impulsará el New Deal Verde se cifra entre 6 y 11 millones de empleos (adicionales a los ya existentes en estos sectores). De ellos, sólo el sector del ahorro y eficiencia energética, puede llegar a crear 1 millón de empleos directos e indirectos y el desarrollo de las energías renovables, puede llegar a crear, hasta el año 2020, 2,5 millones de nuevos empleos netos en la UE. Este cambio pasa por un impulso de la adaptación para el empleo verde de las capacidades laborales, con una formación continua del personal expulsado de sectores maduros y acompañado de una apuesta por una economía social y una democratización del lugar de trabajo.

3.1.3 Se le ha de otorgar al Banco Europeo de Inversiones un papel fundamental en el impulso del New Deal Verde, como inversor clave para la puesta en marcha de las mencionadas actividades y se mejorará su gobernanza, para que invierta en sectores sostenibles y en la reindustrialización europea, acorde al cambio de modelo productivo. Ello deberá ir acompañado de medidas de incentivo fiscal a los sectores a potenciar y de una gradual transformación del sistema impositivo para trasladar la presión fiscal sobre los sectores no sostenibles.

3.1.4 Proponemos la creación de un Centro Europeo de Conocimiento para el empleo verde y sostenible. Su misión será elaborar, promulgar y coordinar guías de actuación, que faciliten la conversión ecológica de la economía, hasta conseguir la plena actividad en sectores sostenibles y respetuosos con los ecosistemas.

3.1.5 El ahorro energético que acompañaría al New Deal Verde estaría en torno a 200 mil millones de euros, representando una importante vía de financiación para esta transición. Dicho ahorro vendría de: i) La reducción de la dependencia en energías fósiles, ii) El desarrollo de medidas, como el fomento de la relocalizacion de la economía, iii) La instauración de una tasa de carbono para internalizar los costes reales del CO2 iv) El establecimiento de un impuesto sobre emisiones no incluidas en el Régimen de Comercio de Derechos de Emisión. Todo ello, además, supondría un avance efectivo en la lucha contra el cambio climático e incidirá de manera positiva en la sostenibilidad y viabilidad del nuevo modelo que proponemos.

3.1.6 Apostamos por una nueva política industrial, que combine eficiencia, sostenibilidad, cooperación, trabajo altamente cualificado y digno, y baja huella ecológica, fijando objetivos claros y cuantificables. Esta política debe insertarse en un escenario macroeconómico, que tenga presente la creciente escasez de recursos, así como los efectos ambientales y económicos del cambio climático. En ocasiones, supondrá la reconversión de sectores industriales financiada por fondos de ayuda sectoriales y que se irán condicionando a la consecución de los objetivos fijados.

3.1.7 El sector industrial presenta un enorme potencial para su transición a una industria verde. Sectores como la construcción, la manufactura, la industria química, el sector energético y muchos otros, pueden tener cabida en un sector industrial basado en innovación, en la eficiencia energética y el ahorro, especialmente en sectores como el transporte y la construcción, y el avance hacia sistemas de ciclo cerrado donde los productos y materiales son reutilizados y reciclados. Este cambio debe apoyarse en ayudas económicas a la I+D+i, enfocadas a la sostenibilidad de servicios y productos y a su perdurabilidad, fomentando políticas contra la obsolescencia programada.

 

3.2 Una Europa cooperativa y solidaria: armonización fiscal

3.2.1 Abogaremos por una política fiscal de la Unión Europea como entidad global, que permita recaudar impuestos propios de la UE, promoviendo además la armonización de las diferentes políticas fiscales de ámbito estatal.

3.2.2 Impulsaremos la iniciativa Europea de un Impuesto a las Transacciones Financieras internacionales (ITF), en el marco de la cooperación reforzada acordada entre 11 países, promoviendo su ampliación a todo el territorio de la UE. Es necesario establecer normativas para el gasto de los ingresos obtenibles del ITF, así como de otros impuestos propios de la UE, que se utilizarán en el fomento de la economía ecológica, social y solidaria que queremos impulsar: promoción de acciones de cooperación para el desarrollo sostenible, fomento a la creación de empresas en sectores sostenibles, lucha contra el cambio climático y en el reforzamiento de los derechos sociales básicos ciudadanos.

3.2.3 Hemos de incentivar a los Estados miembro para que diseñen políticas fiscales, que aumenten la progresividad y capacidad recaudatoria del impuesto sobre la renta, el patrimonio, sucesiones y donaciones - de tal manera que la carga fiscal sobre las rentas de capital sea siempre mayor a la del trabajo. En este marco, es necesario el desarrollo de medidas para incrementar la imposición directa y reducir la indirecta y la armonización de los tipos de IVA. Hemos de propiciar un debate político y social sobre la necesidad de limitar los patrimonios personales.

3.2.4 Es imprescindible que la UE ponga fin a los dumping fiscales existentes dentro de sus fronteras y avance en una armonización y reforma de los impuestos de sociedades, con el establecimiento de un tipo mínimo y común en todos los Estados miembro - para evitar la actual elusión fiscal de las grandes corporaciones, sobre todo de las multinacionales, así como de las grandes fortunas a través de las SICAV y traspasos entre fondos de inversión. Defenderemos la creación de un impuesto a las ganancias en corto en bolsa, inversamente proporcional al tiempo transcurrido entre la compra y la venta.

3.2.5 Resulta necesaria una reforma de la fiscalidad para el establecimiento de incentivos a los sectores verdes a potenciar y penalizaciones a los sectores no sostenibles medioambientalmente. Impulsaremos para ello ecotasas que graven la explotación de recursos no renovables y la producción contaminante, en el marco de la integración del concepto de límites medioambientales y recursos limitados en las políticas macroeconómicas.

 

3.3 Contra la evasión fiscal y el fraude

3.3.1 Debemos poner fin a la actual situación en la que, dentro del marco de la legalidad, se produce una evasión fiscal, -en torno a 100.000 millones de euros al año en la UE-, especialmente por parte de las grandes multinacionales, que aprovechan mecanismos como la deslocalización fiscal, los vacíos fiscales y la ingeniería contable, para minimizar su pago de impuestos. Además de las medidas de armonización y cooperación fiscal, es imperativo incrementar la transparencia y trazabilidad de las estructuras de las grandes corporaciones y de sus flujos financieros.

3.3.2 Es fundamental establecer mecanismos realmente efectivos de lucha contra la evasión fiscal y fraude. Proponemos medidas como la prohibición de las operaciones de triangulación, especialmente en los mercados de capitales de corto plazo. Impulsaremos directrices de transparencia, así como el fin del secreto bancario y mecanismos de intercambio automático de información entre administraciones fiscales europeas. La lucha contra el fraude debe ir acompañada del desarrollo de una mayor eficiencia en lucha contra la economía sumergida, para que el ratio fiscalidad/PIB tienda a igualarse en toda la UE.

3.3.3 La UE debe elaborar una lista de paraísos fiscales y obligar a los bancos intermediarios a informar a las Agencias Tributarias del país de origen, de cualquier movimiento de capital hacia y desde estos paraísos fiscales, así como del titular de la operación, aplicando un impuesto especial a estos movimientos. Por otra parte, se ha de prohibir operar en la UE a bancos y Sociedades Financieras con sede o sucursales en tales territorios.

 

3.4 Regulación de los mercados y el sector financiero

3.4.1 La transformación del sistema financiero es un elemento clave en la construcción de un nuevo sistema productivo, basado en la sostenibilidad ambiental y que esté al servicio del bienestar de las personas. Para ello, y en contra de lo que defienden las asociaciones del sector y sus grupos de presión, es necesaria una regulación más estricta del sistema y una nueva regulación para el Banco Central Europeo.

3.4.2 Defenderemos la limitación del tamaño de las entidades bancarias y la prevención de la formación de oligopolios bancarios. En España, la crisis y la reestructuración bancaria han desembocado en un sector bancario fuertemente concentrado, y esa situación puede repetirse en otros países de la UE. Hay que actuar, no sólo para mitigar el riesgo sistémico derivado de la existencia de entidades "demasiado grandes para caer", sino para impulsar una reducción efectiva del tamaño de las entidades.

3.4.3 Es necesario el desarrollo de una unión bancaria efectiva para toda la UE. Para ello, hay que avanzar en una supervisión común, que abarque a todo el sistema bancario europeo, sin ningún tipo de exclusión, sujeta al Mecanismo Único de Supervisión que comenzará a funcionar en 2014 y hacia un sistema único de resolución, que esté en funcionamiento lo antes posible, basado en una autoridad única y en un fondo común de resolución, así como un sistema de garantía común para depósitos de hasta 100.000 Euros o valor equivalente.

3.4.4 Apostaremos por un cambio sustancial del modelo de negocio de la banca europea, fomentando su tarea de financiación de la economía real, preferentemente a través de las pymes y de las iniciativas de economía social. Debe limitarse estrictamente su actividad especulativa mediante la separación de las actividades de banca comercial y de banca de inversión, e impedirse sus negocios en paraísos fiscales. Apoyaremos la creación y desarrollo de entidades financieras sociales y éticas sin ánimo de lucro, fundadas con capital procedente de los ciudadanos y ciudadanas. En este marco, defenderemos la limitación de las retribuciones, indemnizaciones e incentivos a altos cargos del sector financiero.

3.4.5 Demandaremos una transparencia efectiva de los servicios financieros que se ofrecen a los y las consumidoras. Las autoridades competentes a nivel europeo y nacional deben jugar un papel activo a la hora de informar sobre los riesgos de los productos financieros, anteponiendo los intereses de los y las consumidoras a los de las entidades financieras. Las entidades deben estar obligadas a facilitar información sobre sus productos que sea clara y comprensible para quienes carezcan de conocimientos financieros. También apostamos por formar a la población para aumentar sus conocimientos sobre economía y sistema financiero, para empoderar a la ciudadanía y darle voz en esta materia.

 

3.5 Un BCE sujeto al control democrático y al servicio de las personas

3.5.1 Hemos de incluir entre los objetivos del Banco Central Europeo, aquellos que le permitan actuar en favor del bienestar de las personas y de la economía real, de forma equilibrada. Estos objetivos deberán incluir en el ámbito de la UE en su conjunto, al menos, el logro y mantenimiento del pleno empleo, la estabilidad de los precios, la fluidez del crédito a las empresas de todo tamaño, y en general, todos aquellos que tiendan a favorecer una redistribución equitativa de la riqueza generada en los Estados miembro de la UE.

3.5.2 El BCE debe estar sujeto a un control democrático de la supervisión financiera, en general, y del mecanismo único de supervisión bancaria, en particular. La creación del supervisor bancario único, residenciado en el BCE, debe ir acompañada por un refuerzo de los controles de la actuación de ese organismo y de la efectividad de su supervisión. Aunque el Parlamento Europeo es el órgano correspondiente para ejercitar ese control, deben buscarse fórmulas para que los parlamentos nacionales también sean partícipes del mismo. Además, el BCE debe responder obligatoriamente, y poner a disposición de los representantes populares, en Comisiones debidamente constituidas, la documentación de sus operaciones.

3.5.3 Debemos reformar el Estatuto del BCE, para que pueda financiar directamente a los Estados miembro, con lo cual se elimina la posibilidad de que el sector financiero privado se lucre, mediante la suscripción de deuda pública financiada por el BCE. Hemos de adelantar la puesta en marcha del fondo común para rescates. Debemos avanzar hacia una mutualización de la deuda, creando gradualmente instrumentos de deuda comunes con garantías colectivas, con el BCE como prestatario de última instancia. Apostamos por una mayor unión política, bancaria y económica en la UE, en el marco de una disciplina fiscal común, clara y realista. 

 

3.6 Solución europea a la deuda: Solvencia, solidaridad y sostenibilidad

3.6.1 La solución a la crisis de la deuda, debe basarse en la solvencia, la solidaridad y la sostenibilidad. El rumbo de las políticas económicas de cualquier país de la UE, debe dejar de establecerse únicamente en función de su nivel de endeudamiento, que, en todo caso, debe ser sostenible, tanto en lo referente a deuda pública, como privada. Rechazamos el Pacto de competitividad que provoca recortes salariales, retrocesos en el estado del bienestar y la privatización de los bienes públicos.

3.6.2 Dado que en la UE conviven países deudores y acreedores, ambos deben ser partícipes de un análisis, re-estructuración, auditoria y re-negociación de la deuda (detectando qué parte de ella se considera ilegítima), en un marco de solidaridad. Es necesario poner freno a las políticas de recortes en los Estados miembro intervenidos, en materia de salud, educación y prestaciones sociales. Apostaremos porque la auditoría sea sujeta a control ciudadano, estableciendo los mecanismos necesarios de participación.

3.6.3 Para reforzar la solvencia de la UE y la eurozona en particular, planteamos la prohibición de las operaciones especulativas a corto plazo sobre deuda pública.

 

3.7 Una Economía social para el bien común

3.7.1 Debemos introducir mecanismos para medir el bienestar de la población que comprendan una visión global del desarrollo individual y la conservación del entorno natural, en la línea de las que ya se están empezando a realizar en países desarrollados, y recomendadas por la OCDE. Estas medidas ayudarían a definir mejor las políticas económicas a realizar. Actualmente dichas medidas están basadas, sobre todo, en el crecimiento productivista, asumiendo, desde una posición simplista e interesada, que la medida del bienestar de la población se basa en medir el crecimiento económico con el PIB.

3.7.2 Es necesario idear nuevos indicadores económicos en lugar del PIB, de manera que se consideren los impactos sociales y medioambientales de los bienes y servicios producidos. Desde la UE podemos ser líderes, impulsando indicadores que den medida del bienestar, la erradicación de la pobreza, el empleo de calidad, la igualdad de género, el acceso a la educación, la equidad social, el ahorro de energía y la huella ecológica en su generación, el uso de los recursos naturales y las presiones de los ecosistemas o la democratización de la gestión pública y el lugar de trabajo.

3.7.3 Apostamos firmemente por el modelo de la Economía Social y Solidaria, que ayude a que la gobernanza económica en la UE, esté caracterizada por la transparencia, la legitimidad y la responsabilidad social. Las cooperativas, junto a otras empresas de la economía social y solidaria, ya desempeñan un papel esencial en la economía europea al combinar la rentabilidad con la solidaridad, creando puestos de trabajo de calidad, reforzando la cohesión social, económica y regional y generando capital social. Por ello, proponemos que, desde las instituciones europeas, se desarrollen políticas que impulsen el desarrollo de este tipo de empresas.

3.7.4 Hemos de lograr no sólo que algunas empresas combinen rentabilidad con responsabilidad social y medioambiental sino generalizar este modelo a todas las empresas. En esta línea se enmarcan algunas propuestas de la sociedad civil como La Economía del Bien Común. Creemos urgente poner en práctica la creación de nuevos indicadores que permitan a la ciudadanía conocer la responsabilidad social y medioambiental de cada empresa y, de esta forma, permitir un consumo responsable. Además es necesario, que las instituciones públicas establezcan incentivos en la contratación pública, para aquellas empresas cuyos indicadores demuestren su compromiso con un desarrollo social adecuado y su respeto hacia el medio ambiente.  

 

3.8 Una Europa social por el empleo. Hacia una Renta Básica Universal

3.8.1 Para crear empleo, la UE debe poner fin a las políticas de austeridad y garantizar un Plan Europeo de Inversiones, con una inversión anual del 2% del PIB de la UE durante diez años, tal como propone la Confederación Europea de Sindicatos. Dichas inversiones, que crearían no menos de 11 millones netos de empleos, deberían ir a la economía productiva, para crear empleo en línea con el modelo del New Deal Verde y colocar a Europa en la dirección de un desarrollo social justo y ambientalmente sostenible.

3.8.2 Sin Europa social no habrá Unión Europea. Consideramos fundamental ofrecer a cada persona en la UE el derecho incondicional, como individuo, a tener sus necesidades materiales cubiertas para asegurar una vida digna. Trabajaremos en la línea de la Iniciativa Ciudadana Europea sobre Renta Básica, para explorar su implantación a nivel europeo y poner en marcha pruebas piloto, verificando que ésta se traduce en una mejora de la situación económica y social y tiene efectos positivos en los objetivos de eliminar las desigualdades de género y las situaciones de dependencia. La cuantía de la Renta Básica deberá ser de, al menos, el umbral de la pobreza relativa. Mientras se desarrolle este proceso, la UE ha de recomendar la adopción de mínimos de protección social y desempleo a los países miembros, para garantizar una cobertura homogénea por estos conceptos.

3.8.3 Consideramos necesario acabar con la situación en la UE, en la que hay cada vez más trabajadores y trabajadoras pobres, pues hoy un empleo no impide caer en la pobreza. Es necesario promover un mercado de trabajo inclusivo, digno de una UE que no sea únicamente una zona de libre comercio, sino también de progreso económico y bienestar social. Para ello asumimos la propuesta de la Spring Alliance, de elaborar un Libro Verde para la lucha contra  la pobreza de las personas con empleo, que atienda a este problema.

3.8.4 Para avanzar hacia el objetivo del trabajo digno y combatir la pobreza y la desigualdad en la UE, es necesario avanzar hacia una mayor armonización europea de los salarios, en consonancia con una más justa redistribución de las riquezas, implantando para todos los Estados miembro la UE, un salario mínimo y estableciendo también un salario máximo. El salario mínimo en cada país debería ser equivalente al menos al 60% del salario medio de dicho país, tal como establece la Carta Social Europea. En cuanto al salario máximo, defendemos avanzar hacia una disminución del intervalo máximo entre el salario más bajo y más alto, comenzando por fijar una relación de 1 a 12.

3.8.5 Defendemos la reducción de la jornada laboral, en la línea de trabajar menos para trabajar todos, pero garantizando la voluntariedad del trabajo a tiempo parcial, que debe gozar también de plena protección social. Dada la gran disparidad legislativa laboral existente entre los Estados miembro, impulsaremos una armonización de la jornada laboral máxima en toda la UE.

3.8.6 Debemos introducir medidas para facilitar la conciliación familiar y el reparto de los trabajos de cuidado o la asistencia personal para personas con diversidad funcional. Además la UE debe poner en marchaestudios sobre el impacto de la reducción del tiempo de trabajo en la línea de la defensa eco-social de las 21 horas, revisando las posibles medidas para la racionalización y armonización de los horarios de trabajo.

3.8.7 La UE debe garantizar la no discriminación laboral, desarrollando un plan efectivo para acabar con todas las discriminaciones existentes, desde la discriminación salarial de género, a la discriminación de todo tipo que sufren las personas trabajadoras migrantes. Se debe elaborar a través del Diálogo Social, una nueva Estrategia Europea de Salud y Seguridad en el trabajo, que aborde en profundidad, la prevención de las enfermedades laborales y de los llamados riesgos emergentes. La legislación laboral y la protección social debe proteger también a las, y los trabajadores autónomos, económicamente dependientes (TRADE), e independientes.

 

3.9 El diálogo social

3.9.1 Defendemos el diálogo social y la negociación colectiva en todos los niveles (de empresa, sectorial, nacional y europeo), como elemento fundamental de la democracia y de las relaciones laborales, que debe ser respetado por las instituciones de la UE y los gobiernos de todos y cada uno de los Estados miembro, aplicando los Convenios internacionales de la OIT y la Carta Social Europea. La información, consulta y representación de los, y las trabajadoras en el lugar de trabajo en las empresas, debe fortalecerse, con el fin de promover el buen gobierno corporativo y apoyar un modelo de empresa social y sostenible.

3.9.2 Impulsaremos la creación de un organismo que centralice la supervisión, control y capacidad sancionadora a los Estados miembro, para el cumplimiento de las directivas, ya existentes, con respecto al tiempo de trabajo y que se modifiquen e incluyan nuevas leyes que supriman las cláusulas "opt-out" que permiten el dumping laboral, al posibilitar pactos entre empresas y personas trabajadoras, para aumentar la jornada laboral y otros factores, que se traducen además, en una pérdida de derechos laborales. Se debe priorizar la protección de la salud y seguridad de las personas trabajadoras a través de los convenios colectivos.

3.9.3 Desde la UE deben promoverse la creación de foros sectoriales y deben establecerse unos objetivos de mejora, a través de acuerdos de obligado cumplimiento entre las partes firmantes (patronales y sindicatos) y trasladar los acuerdos al Parlamento Europeo, para valorar crear, actualizar o mejorar normas laborales a nivel de directivas europeas sectoriales, que impliquen al resto de empresas del sector. Todas las multinacionales implantadas en Europa, que tengan sede en tres o más estados miembros, deben crear o participar en alguno de los foros establecidos, a través de su representación empresarial y sindical, alcanzando acuerdos de mínimos que afecten a todas las sedes que se establezcan en la Unión Europea. Impulsaremos en esa línea los convenios colectivos transnacionales en Europa para las compañías multinacionales.

3.9.4 Abogamos por impulsar medidas para que las empresas se doten de un “fondo de garantía salarial”, cuando los beneficios superen un determinado umbral, destinado a ser distribuido entre los empleados en situaciones de crisis (ERE, cierres, etc.)

 

3.10 Reinventando la Ciencia y la Investigación

3.10.1 Es necesario reinventar los modelos productivo y social de la UE. En una economía globalizada por las nuevas tecnologías y por los nuevos actores, EQUO llevará al Parlamento Europeo la necesidad de cambiar la forma de evolucionar de la UE. Hay que redirigir el sistema de I+D+i establecido para el Horizonte 2020, hacia el que marcó la Estrategia de Lisboa, para convertir a la UE en una economía del conocimiento, priorizando las necesidades de la ciudadanía y el entorno en el que habita. En particular, hemos de defender la importancia de mantener la ciencia básica frente al lema general del H2020, "bring more ideas to themarket" (llevar más ideas al mercado). Estamos a favor de llevar más ideas al mercado, siempre que estas sean ecológicas y justas socialmente, y en el marco de un mercado más ético.

3.10.2 Defenderemos el establecimiento de una política científica común en la UE, que garantice, de forma vinculante, una inversión estable de al menos el 3% del PIB de cada Estado miembro en I+D, tal como se recomienda en al "Carta por la ciencia", independiente de ciclos económicos y que proteja las inversiones en ciencia de los países miembros. Esta política común es un instrumento irrenunciable para conseguir una economía sostenible en la UE y deberá apoyarse en un espacio de educación superior igualitario y de calidad. Reivindicamos el papel del Parlamento Europeo como vigilante de las políticas científicas de los países miembros también en esta materia. Se ha de mejorar la dotación económica y se potenciará el papel de laEuropean -ScienceFoundation and EuropeanResearch Council-, como organismos de promoción de la cooperación científica, al margen de estrategias y políticas económicas.

3.10.3 El presupuesto para I+D+i de la Unión Europea se sitúa en cifras claramente insuficientes. Deberá ampliarse la cobertura presupuestaria, para recorrer el camino compartido que hemos emprendido los europeos, hacia el Horizonte 2020. La partida actual es inferior a 100.000 millones de euros, por lo que nuestra propuesta se orientará a alcanzar un mínimo de 150.000 millones de euros en en el año 2020.

3.10.4 La lucha por la cohesión europea en I+D es una vía imprescindible para la reducción de los desequilibrios entre los diferentes estados. Frente a la devaluación interna impuesta por la pérdida de competitividad dentro de la zona euro para los países con economías de servicios, se impulsará una radical modernización del modelo europeo de I+D, que incluya presupuestos de convergencia. Consideramos que la competencia en I+D de los Estados miembro, dentro de la UE, no tiene sentido, en el escenario global actual.

3.10.5 Dentro del marco del Horizonte 2020, lucharemos para priorizar la investigación destinada a resolver los retos medioambientales (energías limpias, transportes, etc.), los retos sociales (sanidad, lucha contra la pobreza, cooperación al desarrollo...), y potenciar aquellos proyectos que trabajen por el avance social y el crecimiento igualitario de la sociedad de la información en la UE. Lucharemos por excluir del programa H2020, proyectos de I+D con fines militares o su reorientación a la reconversión del sector armamentístico. Igualmente trabajaremos para limitar la asignación de fondos relacionados con el desarrollo de la energía atómica, particularmente de fisión, priorizándolos en la investigación de fórmulas para neutralizar los residuos radioactivos existentes. En este marco deben impulsarse ayudas económicas a la I+D+i enfocada a la sostenibilidad de servicios y productos y a su perdurabilidad, fomentando políticas contra la obsolescencia programada.

3.10.6 Defenderemos la innovación, pero no cualquier concepto de la misma: defendemos una "innovación abierta". Este concepto implica que la transferencia de conocimiento no se realiza "desde arriba hacia abajo", sino que se aplican sistemas de innovación que recojan las aportaciones de todos los sectores involucrados. Esta innovación abierta recoge todos los puntos de vista y es una versión horizontal de la innovación tradicional. La innovación abierta asume también un modelo de propiedad intelectual nuevo. Defiende la publicación abierta de todo el trabajo científico subvencionado con fondos públicos europeos, y la licencia automática de toda la propiedad intelectual generada bajo modelos abiertos, no restrictivos, que garanticen que el conocimiento se mantiene siempre accesible y en el dominio común. Los modelos de negocio de quien quiera llevar al mercado las innovaciones, habrán de ser diferentes a los habituales y más cercanos a los del software libre.

 

3.11 Salud en todas las políticas y Sanidad

3.11.1 De acuerdo con el Tratado de la UE y con la concepción de salud dinámica e integral que defendemos, los programas europeos en este ámbito deben aspirar a un elevado nivel de protección de la salud en todas las políticas y actividades europeas. Se debe estimular y facilitar a las personas desenvolverse de forma autónoma, y hacer real el pleno respeto a la dignidad y libertad, para adoptar responsablemente sus decisiones, en relación con su salud y su vida. Adicionalmente la inversión en innovación, desarrollo y capital humano en el sector salud, puede suponer un potente motor de crecimiento alineado con el cambio de modelo social y económico que fomenta el New Deal Verde.

3.11.2 Defenderemos que los programas de salud deban contribuir a la construcción de sistemas coordinados que aseguren la universalidad y equidad en la protección de la salud y en una asistencia sanitaria de calidad a nivel europeo. En este sentido, impulsaremos la coordinación entre los diferentes Sistemas de Salud de todos los Estados miembro, para el desarrollo de una cartera común de servicios sanitarios de cobertura universal, la tarjeta sanitaria única y un Fondo de Cohesión Sanitaria, que financie equitativamente la asistencia transfronteriza hacia la adopción de un Reglamento para el desarrollo de un Sistema Europeo de Salud.

3.11.3 En la cooperación europea en política sanitaria, subrayamos la necesidad de potenciar la Red de Evaluación Europea de Tecnologías Sanitarias, que vele, junto a la seguridad y eficacia, por la equidad en el acceso a nuevas tecnologías biomédicas, desarrollando recomendaciones para su financiación e inclusión en cartera a los Estados miembro. Es necesaria una política común en la integración de las innovaciones tecnológicas en salud, que pueda facilitar una economía de escala más sostenible. Se deberá asegurar la independencia y transparencia de esta Red y se fomentará el debate público con la sociedad civil afectada (asociaciones de pacientes y profesionales).

3.11.4 Fomentaremos una investigación biomédica coordinada y de calidad, potenciando sinergias, políticas para retención y movilidad de investigadores, transparencia en la financiación tanto pública como colaboraciones público-privadas y monitorizar la repercusión social de los beneficios. Impulsaremos la creación de una red de centros de referencia para procesos de alta complejidad y enfermedades raras.

3.11.5 Promoveremos la creación de un sistema de información único que facilite el acceso a la información y permita compartir resultados en salud y buenas prácticas médicas, tanto clínicas como en Gestión Sanitaria. Proponemos la inclusión de indicadores de riesgo de exclusión social, como desnutrición o problemas de acceso a vivienda, al ser las instituciones sanitarias quienes detectan gran parte de los problemas sociales en nuestra población. Desarrollaremos programas de Salud Pública, que incidan sobre los factores socio-ambientales determinantes de la salud y políticas para prevenir y erradicar el consumo de tabaco en la población y contra el abuso del alcohol. Para ello se potenciará la educación médica, con recomendaciones en hábitos de vida saludables (especial atención a nutrición y actividad física, prevención de enfermedades relacionadas con la salud sexual y reproductiva o el abuso de tóxicos) y difundir el impacto positivo sobre la salud de políticas verdes como el descenso de la contaminación o una política de movilidad sostenible.

3.11.6 Impulsaremos las inversiones relacionadas con la salud en el marco de los Fondos Estructurales para apoyar a los Estados miembro en las reformas de sus Sistemas de Salud, para atender los principales retos sanitarios actuales: pacientes crónicos, envejecimiento saludable y la integración de personas con nivel funcional limitado. En este sentido, proponemos desarrollar la atención de proximidad integrada, priorizando la inversión en Atención Primaria, equipos de asistencia en domicilio y los espacios hospitalarios dedicados a atención de día y ambulatoria especializada. Es importante, junto con el desarrollo de un sistema asistencial centrado en el paciente, la capacitación e implicación de los mismos en su propio autocuidado y la coordinación con otros servicios sociales para una atención integral adaptada a las necesidades y posibilidades de cada persona en su entorno.

 

3.12 Diversidad cultural

3.12.1 Promovemos la defensa de la cultura y del patrimonio histórico, artístico e inmaterial, como fuente de enriquecimiento y defendemos la promoción de los valores de la diversidad cultural y lingüística europea y para ello impulsaremos el reconocimiento, protección y difusión de las culturas y lenguas minoritarias existentes en Europa y la participación política de sus comunidades en la construcción europea.

3.12.2 Defenderemos que se facilite el acceso a contenidos culturales, expresiones y formatos relevantes, aun siendo de consumo minoritario. Se propondrán medidas para impulsar modelos de consumo y negocio innovadores (redes colaborativas, micromecenazgo, etc.), que faciliten la difusión y el acceso a una mayor diversidad cultural y la entrada de nuevos actores en el sector, actuando para eliminar la "brecha digital" y facilitando el uso de los medios virtuales de producción y difusión cultural y de sus diferentes posibilidades.

3.12.3 Impulsaremos en el Parlamento Europeo, demandaremos que la Comisión avance, y que el Consejo apoye la propuesta "Nuevo IVA" de armonización fiscal de los productos y servicios culturales, incluyendo aquellos sin soporte físico comercializados online con un IVA reducido en todos los Estados miembro. Es necesario avanzar en la convergencia del mercado cultural, potenciando los nuevos modelos de negocio y consumo culturales para la protección de la producción cultural europea y el empuje a los intercambios entre los países, no solo para los diversos tipos de contenidos, sino de soportes culturales.

[1] La expresión en inglés "Green New Deal" viene de asociar la palabra green (verde) a la expresión "New Deal" en inglés que no se entiende en su sentido literal (nuevo acuerdo) sino al "New Deal" impulsado por Franklin D. Roosevelt como presidente de los EEUU a partir de los primeros años 30 del siglo XX para impulsar la recuperación de aquel país tras la Gran Depresión con políticas de estímulo a la actividad económica.

[2] La Economía de bajo carbono (en inglés Low-CarbonEconomy LCE) se refiere a una economía que emite un mínimo de emisiones de efecto invernadero.